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La semana pasada, la Unión Europea anunció el «Mecanismo de ajuste fronterizo del carbono» (CBAM), que imponía un arancel de dióxido de carbono a las importaciones de bienes como acero y cemento. Este es el primer arancel fronterizo de carbono del mundo.
Según el nuevo arancel, las empresas que importen a la UE deberán comprar certificados CBAM para «pagar la diferencia entre el precio del carbono pagado en el país de producción y el precio de los derechos de emisión de carbono en el ETS de la UE». El objetivo del arancel es evitar que se fabriquen productos más baratos en países con normas ambientales más débiles y se espera que comience a aplicarse en octubre de 2023.
Nada de esto es una sorpresa total; se esperaba desde hace algún tiempo. En la actualidad, la producción de cemento representa casi el 7 por ciento de las emisiones mundiales de CO2, y la producción de acero representa casi el 8 por ciento. Con la inminente meta de cero emisiones netas, se necesitan regulaciones para inspirar cambios drásticos.
La implementación de un nuevo arancel a las importaciones industriales en Europa tiene el potencial de ser un gran auge para las industrias nacionales. Al imponer un impuesto a los productos importados, el arancel encarecería a las empresas europeas la adquisición de materiales y productos del extranjero, incentivándolas a recurrir a proveedores nacionales. Esto no solo proporcionará un impulso muy necesario para el sector industrial europeo, sino que también apoyará la creación de nuevos empleos e impulsará el crecimiento económico.
Al mismo tiempo, la tarifa también ayudaría a promover el concepto de «desacoplamiento» o reducir nuestra dependencia de fuentes extranjeras para obtener bienes y materiales esenciales. Al apoyar a las industrias nacionales y alentar a las empresas a buscar más de cerca sus necesidades en la cadena de suministro, la tarifa ayudaría a reducir nuestra vulnerabilidad a las interrupciones en el comercio mundial y a construir una economía más resiliente.